Por posibles inconsistencias en el contrato para el saneamiento básico del río Opia con la reposición de los conductos que transportan las aguas lluvias y/o sanitarias hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chicalá, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Piedras, Tolima, Julio César Góngora Sánchez (2020-2023).
La decisión también involucró a las secretarias de Planeación e Infraestructura (2021-2022), Kelly Viviana Ordóñez Cruz y Heidy Trinidad Henao Culma, en su condición de supervisoras; y al representante legal del Consorcio Inter Opia, Luis Carlos Rivera Gutiérrez, a cargo de la interventoría del contrato celebrado con el Consorcio Piedras JP, por valor de $ 954’716.757,16.
El ente de control investiga si la contratación se realizó sin adelantar los estudios técnicos suficientes y adecuados, así como de evaluación, control y seguimiento al bilateral a través de la supervisión e interventoría; lo que pudo haber llevado a la alcaldía a tomar una decisión antieconómica que le habría generado detrimento patrimonial al municipio.
Con el fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué decretó la práctica de pruebas para el esclarecimiento de los hechos materia de esta investigación.
Por último, el Ministerio Público informó a los sujetos procesales las facultades y los derechos del disciplinado, incluyendo el de “ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia”.
