Con base en la Constitución Política de Colombia y amparado en la Ley de Orden Público (2272 de 2022), el Gobierno Nacional tomó la decisión de designar como ‘voceros de paz’ a 10 detenidos en el marco de la protesta social.

Esta medida busca acompañar la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la paz total y, de esta forma, arrebatarle los jóvenes a la violencia.

Los jóvenes han manifestado, a través de sus apoderados, la voluntad de ejercer su rol como ‘voceros de paz’. Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento.

En este sentido, tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones, se procederá a revocar sus designaciones.

Las personas que ingresan a este programa harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria), Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros.

La designación de los ‘voceros de paz’ no interrumpe el desarrollo de los procesos penales, los cuales seguirán su curso en el marco de la autonomía judicial. Es importante aclarar que el Estado no asignará salario a estas personas, ni generará contratos laborales.