Por posibles inconsistencias en un contrato de obra financiado con recursos de regalías por valor de $10.059.413.358, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra las exsecretarias de Infraestructura y Hábitat del Tolima, en su condición de ordenadoras del gasto, Diana Esperanza Cifuentes Quintero (2018-2019) y Claudia Paola Muñoz Barreto (2019-2022). 

En la misma decisión, la entidad investiga al entonces profesional de la Secretaría, Felipe Andrés Lombo Vergara, quien fungió como supervisor del contrato, y al exrepresentante legal del Consorcio Ingescorp E&S, Aura López Mendoza, quien tuvo a cargo la interventoría del bilateral suscrito con la Unión Temporal San Bernardo, para mejorar y pavimentar la vía secundaria El Salado – San Bernardo. 

La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima establecerá si se presentaron irregularidades sucesivas que afectaron el normal desarrollo del proyecto y de los contratos involucrados, las cuales habrían generado adiciones en un 50% del valor, así como múltiples retrasos, pues, aunque inicialmente se estableció un plazo de 300 días, se requirieron más de 1.100.

Asimismo, determinará si hubo fallas en el control y seguimiento por parte de la Gobierno Departamental basadas en la improvisación, mala estructuración del presupuesto y falencias en las especificaciones técnicas, además de las relacionadas con la forma simultánea en la que se habría construido y diseñado la obra para atender la necesidad y suplir lo que sobre la marcha iba surgiendo, sin planear lo que era previsible.