La Procuraduría General de la Nación vigilará que las gobernaciones y municipios promuevan las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario y la protección de la economía campesina, familiar y comunitaria , durante la actual emergencia sanitaria. 

El memorando 005, de marzo de 2020, designó a los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales para que confirmen que a las comunidades campesinas se les garantice el desarrollo a ejercer sus actividades, en condiciones de seguridad adecuadas ante la expansión del covid-19, de manera que cuenten con implementos necesarios como guantes y tapabocas.

Igualmente, vigilarán que se suministre el mínimo vital a los campesinos mayores de 70 años, quienes por su edad tienen restringida la circulación, y su subsistencia depende del ingreso que obtienen por su actividad agrícola o pecuaria.

La comunicación destaca la necesidad de que los gobiernos locales, con el apoyo de autoridades departamentales o nacionales, aseguren el control de precios y eviten el acaparamiento, tanto de alimentos como de otros bienes necesarios para la atención de la actual emergencia; promuevan los mercados locales e implementen estrategias, como los llamados circuitos cortos de comercialización, para asegurar el abastecimiento de las comunidades.

Los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales podrán instar a las autoridades locales y de policía para que permitan el libre desplazamiento de los campesinos y demás actores que integran la cadena de abastecimiento alimentario en el país, y de esa forma facilitar el ejercicio de sus actividades.